El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, aseguró que el país permite el ingreso de “insumos que han sido valorizados y convertidos en nuevas materias primas”, al rechazar nuevamente que el Gobierno nacional haya autorizado la entrada de residuos peligrosos.
“Se trata de una política de producción que se enmarca en una economía circular. Sólo se permite el ingreso a aquellos insumos que han sido valorizados a través de distintos procesos y convertidos en nuevas materias primas según normas internacionales, como se hace en Estado Unidos y en la Unión Europea”, explicó Bergman.
En un comunicado difundido por la Secretaría de Ambiente, el funcionario aseguró que desde el Poder Ejecutivo se “fomenta y apoya el trabajo de reciclado que realizan los cartoneros y la colocación de sus productos en el mercado”.
“A partir del decreto 591 sólo se deja ingresar lo que ya no es residuo y pasó a ser un insumo para la industria previa validación de las autoridades nacionales de Producción, que confirma que la industria lo va a usar para una demanda específica y que no hay posibilidad de conseguir ese insumo en Argentina”, afirmó.
Bergman consignó además que la dependencia a su cargo corrobora que este material importado “no impacte en el ambiente ni en la salud de la gente”.
“Si bien hace 27 años se permitía la importación, ya no hay excepción alguna para que ningún residuo peligroso pueda ingresar al país”, ratificó.
Funcionarios de la Secretaría de Ambiente y del Ministerio de Producción se reunieron el lunes con referentes de la Cetep y otras Gs, a quienes se les propuso la constitución de una mesa de trabajo conjunta para la elaboración de una reglamentación sobre el decreto 591 que autoriza estas importaciones.
Integrantes de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y de organizaciones ambientalistas se movilizaron hoy a la Secretaría de Ambiente para exigir la anulación de ese decreto.
Además, la Federación de Cartoneros está impulsando un petitorio contra el decreto junto a Greenpace, Jóvenes por el Clima y la Fundación Avina, al que ya adhirieron un marco amplio de diputados opositores y sindicalistas. Según informaron desde Télam.