Las casas de estudio utilizan paneles en sus instalaciones y, en algunos casos, prevén cómo aportar a la red; cómo son algunas de las experiencias que se están desarrollando.
Iniciativas de universidades públicas y privadas comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aprobó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015, comienzan a mostrar resultados. Los proyectos que desarrollan algunas entidades educativas allanan el camino el uso de energías asequibles y no contaminantes y preparan a nuevos profesionales.
La Universidad Católica de Salta (Ucasal) inauguró este año un parque solar
desarrollado por profesionales y estudiantes de esa casa de estudios, con una inversión de $16 millones que le permite producir un 35% de la energía eléctrica que consume anualmente. Se trata de 720 paneles fotovoltaicos instalados en el campus de 42 hectáreas, en la ciudad de Salta; 552 de esos paneles están en el estacionamiento solar, con espacio para 52 automóviles; el resto está sobre el techo de la confitería.
“Los que conocen la región de la Puna o El Cafayate saben que son lugares ideales para esto, con más de 300 días de sol en el año; es una gran contribución al cuidado del planeta y de la casa común”, afirma el rector, Rodolfo Gallo. Al mismo tiempo, “invertir en un proyecto energético cuando vemos que hay un tren de crecimiento en los costos de la energía, es rentable desde el punto de vista económico y cierra un círculo virtuoso”, agrega Federico Colombo Speroni, vicerrector de Investigación y Desarrollo.
También la Escuela de Diseño de la Universidad de San Andrés (Udesa) incorporó un sistema de energía solar, con el que apunta abastecer el 50% del consumo del edifico en la localidad de Victoria, provincia de Buenos Aires. “Tenemos como objetivo reducir el impacto ambiental que generamos. La instalación de paneles solares, el reemplazo de luminarias tradicionales por leds, así como los programas de reciclado y reducción de consumo de plástico son parte de un plan integral de sustentabilidad”, destaca Lucas Grosman, rector de la Udesa.
Crear cultura
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), en Córdoba, se instaló en 2017 un generador fotovoltaico de tres kilovatios (kW) con medición inteligente, que inyecta a la red interna de distribución, en un trabajo conjunto de entidades educativas oficiales y empresas privadas. Está, específicamente, en las instalaciones del Instituto de Protecciones de Sistemas Eléctricos de Potencia (Ipsep), y en 2018 entregó una energía de 4572,4 kWh a la red, lo que representa un promedio de 12,53 kWh por día, cuenta Leonardo Sánchez, ingeniero y docente de esa institución. Evalúa también que “la instalación ha superado las expectativas en cuanto a energía generada y al impacto en el sistema de distribución”.
En el caso de la Universidad de San Martín (Unsam) se trabaja en colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea) y la Fundación de Investigación y Tecnología (Funintec), y se está finalizando la instalación de un sistema híbrido conectado a la red de 3 kW de potencia pico en su predio. “Cuando hay un corte de luz, el inversor alimenta un circuito con baterías y cuando hay luz funciona como inversor inyectando a la red”, destaca Christian Navntoft, titular de Solarmate, firma incubada por Funintec.
Un plan nacional
A través del programa de interconexión a red de energía solar urbana distribuida (Iresud), “la instalación más grande hecha en una universidad se realizó en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, en una superficie de 120 metros cuadrados de paneles solares”, describe Socolovsky. Además, se colocaron paneles en universidades de Río Gallegos, Mar del Plata, Olavarría, Rosario, Paraná, Catamarca, Santiago del Estero, entre otras instituciones vinculadas a la investigación, como el caso de la Base Marambio, en la Antártida Argentina.
El avance de tantos proyectos se encuadra en dos normas recientes que tienden a la reconversión de la matriz energética en la Argentina. Una es la ley de generación distribuida de energía, de noviembre de 2017, que permite que los particulares generen energía para abastecer su consumo e inyecten a la red el excedente, obteniendo una retribución. La otra ley es la 27.191, de 2015, que apunta a aumentar las fuentes de energía renovables.
“Aunque no se cumpla el objetivo de lograr el 8% de energía renovable para 2020, la promulgación de estas leyes representa un espaldarazo muy importante, ya que las grandes empresas se ven obligadas a usar energía limpia”, destaca Cecilia Russo, consultora asociada senior de Wesearch, quien valora el rol de las instituciones para propulsar innovación en torno de la sustentabilidad, dada la necesidad de formar especialistas en esta área.
“En los últimos cuatro años tuvimos que importar profesionales de otros países; por eso, hoy un especialista con dos años de experiencia en energías renovables es senior y se ha generado una guerra de talentos entre las compañías que vienen a invertir en la Argentina”, advierte Russo.
Sobre la inyección de energía a la red, Navntoft advierte que no existe una barrera técnica para que un usuario se sume, pero sí, dependiendo la zona, se enfrentará con una dificultad de espacio. Para abastecer con energía solar un edificio de 5 pisos se requiere una superficie de aproximadamente 100 metros cuadrados (una manzana).
Y respecto de la amortización de la inversión, Socolovsky explica que tiene que ver con el precio de la tarifa y el valor de los componentes; en la Argentina el tiempo promedio es de entre 7 y 8 años. “La ventaja es que estos sistemas duran cerca de 25 años y no requieren exhaustivo mantenimiento”, agrega.
El caso más emblemático es el de Alemania, donde se instalaron paneles en millones de techos, que aportan 40 gigavatios proveniente de sol a la red de energía eléctrica. “Para dimensionar -agrega Socolovsky-, en la Argentina, cuando todas las fuentes de energía funcionan al mismo tiempo alcanzan una capacidad de 28 gigavatios”.
Fuente: La Nación – Ana Belén Ehuletche