En los próximos 12 meses el Gobierno nacional deberá decidir qué hacer con un esquema que despierta lógicas adhesiones en el sector beneficiado y muchos cuestionamientos de quienes ven con preocupación las desnutridas arcas fiscales, sobre todo tras la pandemia que azota al planeta.
A la controversia por el beneficio económico afrontado por el Estado para subsidiar a empresas del tamaño de Bunge, Aceitera General Deheza y Vicentín, entre otras, se suman cuestionamientos por la calidad de un producto que carece de control y genera con bastante frecuencia, a decir de las petroleras que lo comercializan después de mezclarlo con sus combustibles, innumerables problemas de distinta índole en los motores de los vehículos, principalmente los que utilizan diesel.
“Siendo nuestro país uno de los mayores productores y exportadores de biodiesel, transcurrido un tiempo significativo desde el nacimiento de la industria resulta contradictorio que el producto de exportación satisfaga exigentes normas internacionales mientras que el disponible para mezcla local no alcance, en muchos casos, a cumplir sostenidamente la normativa vigente”, le escribieron en septiembre del año pasado a la Secretaría de Energía las empresas que comercializan combustibles en el país, con YPF a la cabeza.
Según las petroleras, respondiendo a una consulta de Energía acerca de la calidad de los biocombustibles, las deficiencias en la calidad “generan reclamos por taponamiento de filtros, fallas en arranque en frío y congelamiento del producto a bajas temperaturas”.
La Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) también se expresó en el mismo sentido, cuestionando la calidad de los biocombustibles que afectan a los motores de los vehículos. Adefa adelantó ya su posición de, como mínimo, evitar que se aumente el porcentaje de biocombustible que se mezcla en la nafta y el gasoil que utilizan los motores de las unidades que ellos producen y comercializan en la Argentina.
La posición de Adefa contrasta con la de los productores del combustible derivado de la soja, maíz y azúcar, que buscan incrementar el corte de sus productos en los combustibles fósiles. Hay proyectos de ley, impulsados por este sector, que plantean la idea de que la nafta tenga hasta 28% de bioetanol (actualmente es 12%), y que el litro de gasoil tenga un 30% de biodiesel (actualmente es 10%).
El Gobierno deberá decidir, seguramente con un oído puesto en los pedidos de los gobernadores de las provincias agropecuarias y en las demandas de los gobernadores petroleros, que, sobre todo en este contexto de baja demanda, quieren que el 100% del combustible sea producto de lo que se extrae de sus subsuelos. Pero con el otro oído y los dos ojos en las cuentas públicas. Los biocombustibles no pagan impuestos, como sí lo hacen los combustibles fósiles.
“Las pérdidas para las arcas públicas no solo se encuentran en las exenciones impositivas de los biocombustibles desde hace 14 años, sino en impuestos que el país dejó de recibir por exportaciones de esos productos que pudieron haberse hecho en calidad de biocombustibles o inclusive aceites o harinas”, señala un ex funcionario que entiende en la materia.
En 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de 6000 millones de dólares por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de 1400 millones de dólares por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno.
Desde que asumió el 10 de diciembre último, el gobierno no había actualizado el precio de los biocombustibles (lo hace a través de la Secretaría de Energía, que desde el viernes pasado quedó a cargo del neuquino Darío Martínez y pasó a la órbita de Economía) ni permitió que se movieran los precios de los combustibles, algo que finalmente permitió recién la semana pasada. Disgustadas con los precios congelados, las empresas que elaboran biodiesel y bioetanol restringieron su producción durante algún tiempo del primer cuatrimestre del año. Solo en ese lapso el Estado recaudó unos 1000 millones de pesos extra por la baja en el consumo de biodiesel y bioetanol, que están desgravados del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono.
El Gobierno mira todos los números con atención y deberá tomar una decisión. Fuente: El Chubut.
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