Argentina tiene entre manos una nueva joya energética y tanto empresas privadas como el Gobierno estudian alternativas para aprovecharla. La ebullición de ideas fue mayor a partir de la reciente visita que el millonario australiano del acero Andrew Forrest hizo a Alberto Fernández para evaluar la instalación de una planta para producir hidrógeno verde en Argentina, inversión mínima cercana a los US$3.000 millones.
Hoy en el país se produce hidrógeno a partir del gas natural, básicamente como un insumo para las industrias. Este producto que está identificado con el color gris: es tan dañino para el ambiente como quemar de los otros combustibles. Pero si se lo depura con el método de “captura de carbono”, se consigue el hidrógeno azul, que no contamina cuando libera energía aunque se produce a partir del gas, un hicrocarburo que, como tal, tiene el repudio de los puristas del ambiente.
La versión más preciada es el “hidrógeno verde” que puede producirse a partir de la electricidad generada con fuente renovable y permite cerrar un círculo virtuoso: no habría contaminación en ninguna fase del proceso. Las tecnologías para lograrlo están en pleno proceso y permitirían producir a gran escala. Por ahora, la única magnitud económicamente viable. El hidrógeno abunda en la naturaleza: la cuestión es separarlo.
Forrest llegó a Buenos Aires para conversar con el Presidente sobre las perspectivas de montar en el país una planta para producir lo que algunos llaman el combustible de las estrellas. Fernández lo remitió a la provincia de Río Negro para que evalúe esa chance con la gobernadora Arabela Carreras, orientando la mira al Sur, aunque a un punto menos austral de lo que sería ideal.
La Patagonia parece un lugar apropiado para fabricar la más codiciada versión del hidrógeno. Hay grandes espacios deshabitados para instalar mega parques eólicos. Esa electricidad sería utilizada para separar la molécula de hidrógeno a partir del agua de mar y luego despacharlo en forma de gas comprimido al mundo, que en poco tiempo lo demandaría vorazmente.
En 2030 Europa, Corea, Estados Unidos, China y Japón podrían tener un parque de autos impulsados a hidrógeno de 2,7 millones unidades y ese conjunto de naciones no podría producir ni la mitad de las toneladas requeridas para alimentarlos. Ahí se abre una ventana.
La ventaja competitiva local es tener buenas condiciones naturales para producir electricidad renovable, necesaria para la elaboración de la versión “verde”, y se conoce la tecnología de compresión de gas para envasarlo. Lo que falta, a juicio de quienes miran el negocio, es una regulación que los anime a desembolsar los dólares.
El mundo está en la línea de largada de esta nueva industria y Argentina no querría quedarse afuera. Una de las áreas más activas en el Gobierno sobre el tema es la secretaría de Asuntos Estratégicos. Gustavo Béliz volvió de acompañar al Presidente a Europa entusiasmadísimo con el tema, del que “todo el mundo habla” en el Viejo Continente.
Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) contrató días atrás a un consultor para que le explique esta alternativa que capturó la atención de La Cámpora, con presencia en un área en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene predicamento. Su hijo, el diputado Máximo, será un articulador clave en cualquier proyecto de ley que contemple el desarrollo de esa nueva industria en el país.
Ya existe un régimen de promoción sancionado en 2006 prometiendo beneficios fiscales para quienes produzcan hidrógeno en el país. Pero nunca fue reglamentado y en esta coyuntura esas ventajas impositivas parecen insuficientes: quienes miran el negocio reclaman libertad para disponer de los dólares que ingresen, entre otras seguridades.
Fuente: Clarín
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