La falta de transporte y financiamiento son los motivos que limitan el crecimiento del sector en el corto plazo.
En los últimos cuatro años, la Argentina logró que las energías renovables pasaran de representar menos de 2% de la generación eléctrica total a significar más del 12% promedio, con picos mensuales de más de 15%, cuando se combinan óptimas condiciones eólicas y solares. Sin embargo, hay dos factores que le ponen un techo en el corto plazo a su crecimiento: la falta de transporte para trasladar la electricidad de los parques renovables a los centros de consumo y el financiamiento. Estos problemas se ven reflejados en un dato objetivo: 33 proyectos que se licitaron bajo el programa RenovAr pidieron dar de baja los contratos.
Al día de hoy, hay 189 proyectos de energía renovable habilitados comercialmente, que tienen una potencia instalada de 5175 MW. De ese total, en los últimos cuatro años se inauguraron 133 proyectos por 4335 MW, que fueron impulsados por el nuevo marco regulatorio Mater (el mercado mayorista donde operan los grandes usuarios) y el programa Renovar. De los 133 proyectos, 54 son parques eólicos por 3098 MW y 34 son solares fotovoltaicos por 1053 MW; el resto son los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH) de hasta 50 MW y bioenergías.
La escasez de nuevos parques se debe a que no se licitan por el cuello de botella que significa la falta de transporte eléctrico. Se trata de un problema que comenzó en la gestión anterior de Mauricio Macri, con el crecimiento de la capacidad instalada, y que se quiso solucionar con las licitaciones de participación pública privada (PPP), pero que se frenó con el encarecimiento del financiamiento y el cambio de gobierno. El riesgo país en niveles de más de 1700 implica que cualquier crédito internacional solicitará una tasa de interés en dólares de por lo menos 18%, lo que hace inviable cualquier proyecto de inversión.
Para intentar solucionar este problema, el Gobierno avanzó con un reclamo del sector: que se den de baja los proyectos licitados en los distintos programas de RenovAr que no se iban a desarrollar para liberar espacio comprometido en las líneas de transporte. Esta semana era la última fecha para que cada empresa presente la renuncia a la concesión y 33 proyectos se anotaron. Esto implica que, en total, el Estado debería cobrar por penalidad de rescisión US$9,2 millones. Las empresas tienen tiempo de pagar hasta el 28 de junio. Además, hubo tres proyectos a los que se les aceptó la propuesta de reconducción. Estos son los parques solares Tocota y Añatuya, y el parque eólico Arauco II (etapas 5 y 6).
Fuente: La Nación
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