España prepara una nueva subasta de renovables ante la guerra eléctrica

El Ministerio de Transición Energética confía en la posibilidad de reducir el precio de la factura de la luz.

España celebrará una nueva subasta de 3.300 megavatios (MW) de potencia instalada para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, que deberán ser ejecutados en unos plazos más breves que en anteriores ocasiones, con el objetivo de que su generación rebaje cuanto antes los elevados precios de la electricidad. La subasta fue convocada por el Ministerio de Transición Energética a principios de septiembre, en medio de la escalada de precios de la electricidad, que se viene observando desde la primavera y que se disparó en verano y comienzos de otoño, registrando récords históricos consecutivos.

Endesa participará dentro de sus parámetros de rentabilidad, aunque desde la compañía han declarado que no necesita acudir para desarrollar su plan estratégico, ya que cuentan con una guía de actuación de 4000 MW desde 2021 hasta 2023. Además, en la última subasta celebrada el pasado 26 de enero obtuvieron 50 MW de energía fotovoltaica. Asimismo, Naturgy, Capital Energy y X- Elio también han confirmado a este diario su asistencia a esta subasta. Iberdrola y Acciona, sin embargo, no han querido revelar su posición.

Entrada en funcionamiento
Se trata de la segunda subasta con el sistema establecido por el departamento dirigido por Teresa Ribera. Toda la potencia que se subasta tendrá que estar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024, con un cupo especial de 600 MW de disponibilidad acelerada que debe estar operativo el 30 de septiembre de 2022. Además, prevé una reserva de 1.500 MW para eólica terrestre, otra de 700 MW para fotovoltaica y otra de 300 MW para instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida con carácter local, quedando, por tanto, 200 MW sin reserva tecnológica.

En cuanto a las pequeñas instalaciones, los 300 MW están dirigidos a plantas fotovoltaicas de potencia menor o igual a 5 MW, con fuerte carácter local, y en la adjudicación se tienen en cuenta elementos como la población próxima al emplazamiento o la participación ciudadana en las instalaciones. Tras el trámite de audiencia se han introducido más facilidades para que participen los habitantes cercanos a las instalaciones.

Fuente: El Economista ES