El presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Luis Zubizarreta, se refirió a la negativa de la Cámara de Diputados a dar sanción definitiva a la prórroga de la actual Ley (Nº 26.093) que regula dicho sector productivo.
El régimen fue prorrogado hasta 2024 por unanimidad por la Cámara de Senadores en octubre pasado. Pero en Diputados se trabó a pesar de los intentos de la oposición de tratar el tema antes del vencimiento de la normativa actual en mayo próximo.
“Creo que la única y mejor salida ahora sería una prorroga corta de manera tal de darnos tiempo de debatir en el Congreso una nueva ley de biocombustibles con la presencia de todos los sectores y actores involucrados en el tema”, comentó Zubizarreta.
“Ahora, lamentablemente, no tenemos tiempo para debatir una nueva ley porque la actual vence en mayo y se requiere un plazo de tiempo adecuado para poder analizar el asunto y consensuar las distintas ideas que hay”, indicó el dirigente.
“Estamos convencidos que una ley de biocombustibles debe basarse en dos tramos: uno para las Pymes y otro de libre competencia. En todo el mundo hay leyes similares que fomentan la competencia entre proveedores en beneficio de los consumidores”, explicó.
“Tener un esquema donde el Estado es el encargado de definir una cuota para distintas empresas del sector fijando los precios internos, genera discriminación y falta de transparencia en detrimento de firmas que no acceden a cuotas”, agregó Zubizarreta.
En 2020 los precios del biodiesel en el mercado local se mantuvieron planchados por decisión de la Secretaría de Energía que regula el sector. El último valor vigente se ubicaba cerca de los 48.500 pesos por tonelada que no alcanzaba para cubrir los costos.
La fuerte suba de la soja hizo que el negocio deje de ser rentable para las compañías de biocombustibles que operan en la zona de Rosario (Up River). En el mercado local la oleaginosa cotiza a 30.200 pesos versus 14.000 pesos hace exactamente un año atrás.
La industria de biocombustibles se inició en el ciclo 2006/07 a partir de la decisión de generar un corte obligatorio y progresivo de biocombustibles en las naftas. Actualmente el sector emplea en el Gran Rosario a unas 20.000 personas en forma directa e indirecta.
Entre 2018 y 2019, según datos oficiales, la Argentina exportó biodiesel por casi 900 millones de dólares. El país procesa alrededor del 95% de la soja que se produce, mientras que en el caso del maíz la industrialización se ubica en torno al 27%.
Zubizarreta hizo hincapié en que la producción de biodiesel permite, además de generar energías limpias y renovables, mejorar los precios del aceite de soja. “Producir biodiesel nos permitió evitar la depreciación de nuestro principal producto de exportación”, dijo.
En la campaña comercial 2020/21 las exportaciones de aceite de soja se proyectan en casi 6 millones de toneladas, una cifra 800.000 toneladas superior en comparación con el ciclo pasado, según estimó el Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA).
La semana pasada el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri -que viene trabajando una nueva ley con Máximo Kirchner- dijo que las grandes compañías exportadoras triangulan sus ventas a Europa desde el año 2016 “para evadir impuestos”.
“Las empresas argentinas venden biocombustibles sin definir destino. Los compradores son traders de energía y ellos deciden los puntos logísticos para mezclar y distribuir. Cumplimos con todas las regulaciones que rigen en el país”, respondió Zubizarreta.
El tema también genera preocupación en el norte (en mayo comienzan la zafra) donde reclaman la prorroga de la actual ley para debatir una nueva. El bioetanol emplea a unas 61.000 personas en forma directa en un total de 20 ingenios y 16 destilerías de alcohol. Fuente: La Política Online.
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