La cotización del agua de California, Estados Unidos, en el mercado de futuros de Wall Street, considerando al fluido esencial para la vida como un commodity más, es un nuevo hito en el camino de privatización de ese recurso natural, que expertos bursátiles no descartan que se pueda replicar en el mediano plazo en otros países de la región.
El proceso de privatización del agua comenzó hace más de 40 años en Chile, con el dictador Augusto Pinochet, quien lisa y llanamente privatizó el agua y plasmó esa decisión en la Constitución de 1980. Le siguió con la premier británica conservadora Margaret Thatcher, quien privatizó la distribución del fluido y plantó la semilla de los sistemas de concesiones que aplicaron los Gobiernos neoliberales que, Consenso de Washington mediante, se hicieron fuertes en Latinoamérica en los ’90.
Con estos antecedentes, la noticia de que el agua de California comenzó a cotizar en el mercado futuro de materias primas de Wall Street encendió las alertas entre quienes defienden que el agua es un recurso de bien común, no privatizable ni transable.
El índice del agua en el mercado de futuros de Wall Street, que comenzó a cotizar el 7 de diciembre pasado, se constituye con el promedio de cinco mercados de California y les permite fijar un precio para los próximos dos meses y una proyección para los próximos ocho trimestres, explicó a la cadena de noticias CNN el economista Alvaro Pereyra, CEO de la operadora bursátil Passfolio, con sede en Nueva York.
“Por lo tanto, tenemos el precio indicativo de lo que va a valer el acre por pie de agua (1.233.581,8 litros) para fines de 2022, que rondará los 520 dólares”, agregó Pereyra.
Héctor Rubini, investigador de la Universidad del Salvador, estimó en declaraciones a CNN Radio que “progresivamente el agua comenzará a cotizar en otros mercados mundiales, porque se trata de un recurso cada vez más escaso, y estimó que esta situación se dará “en las próximas tres o cuatro décadas”.
En la misma línea, Federico Di Yenno, operador bursátil especializado en commodities, dijo a Télam que “es factible que dentro de algunos años, bastantes, en áreas donde haya escasez de agua veamos que se cotice en otro mercado de futuro”.
“Así como se ha avanzado en un mercado futuro en un índice para la soja sudamericana, eso podría ocurrir con el agua en algún momento. Brasil y Chile, por ejemplo, lo podrían tener, sobre todo Chile, que tiene un mercado fuerte”, agregó.
Pero la perspectiva económica que habilita la mercantilización de un recurso humano tiene otras lecturas y consecuencias.
Para el español Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento de las Naciones Unidas, “no se puede poner un valor al agua, como se hace con otros productos básicos comercializados, porque el agua es un bien público y está vinculada a la salud”.
“Además, el agua ya está fuertemente amenazada por la población mundial creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera, como para que ahora sea un ítem más del mercado”, agregó.
Arrojo-Agudo anticipó a Télam que prepara un informe sobre este tema para la próxima Asamblea General de la ONU, en octubre de este año, “porque un mercado de futuro de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos de 2008”.
Gustavo Villa Uria, ingeniero en recursos hídricos y subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, señaló en diálogo con Télam que en América Latina “está bastante firme la posición de que el agua es un bien público y que no es sujeto de apropiación”.
El funcionario admitió que “algunos sectores muy de derecha en la Argentina creen que el agua es pasible de enajenación”, pero destacó que el “marco normativo (del país) es muy claro, muy contundente, en el sentido de que el agua es un bien público, inajenable, imprescriptible y que no hay forma de que ese bien pase a ser privado sin modificar la Constitución y el Código Civil”.
Pero esa apropiación del agua “se puede conseguir generando organismos hídricos sin capacidad de control, porque si no hay capacidad de control, aunque el bien sea público, se lo apropia el más fuerte”.
Es ahí dónde el Estado tiene que estar presente “con capacidad de medir, regular, controlar y garantizar que el agua sea repartida en forma equitativa y razonable”, agregó Villa Uria.
Los avances privatistas sobre el agua tuvieron una serie de hitos que se encadenaron en los últimos 30 años del Siglo XX.
En la década de los ’70 Augusto Pinochet dejó la economía chilena en manos de economistas alineados con la Escuela de Chicago, que primero privatizaron las tierras y luego el agua, y consagraron esa decisión en la Constitución de 1980, que sigue vigente.
“En Chile la empresas que producen el aguacate (palta), en la provincia de Petoca, compran grandes cantidades de agua para sus cultivos y las poblaciones cercanas sufren un feroz racionamiento”, señaló a Télam Rodrígo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).
La propiedad del agua y sus consecuencias para la población, agregó Mundaca, “es uno de los tres o cuatro temas más controvertidos en las discusiones para la reforma de la Constitución” que está en marcha en Chile.
A principios de los 80s, la primera ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) dio un paso más e, impedida de privatizar el agua, lo hizo con las redes de distribución, dando paso a un nuevo modelo de aplicación de políticas liberales que luego se replicaron en varios países de América Latina.
El Consenso de Washington fue un acuerdo firmado en 1989 -durante la Presidencia de George Bush padre- para aplicar una paquete de reformas estandarizadas y tuteladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los países en desarrollo abrumados por sus crisis económicas.
Ese proceso en la Argentina tuvo su cenit durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), pero tuvo expresiones de distinto tenor en toda la región, que en la mayoría de los casos siguen con modelos de concesiones instalados y vigentes. Fuente: Telam.
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