El pago por servicios ambientales (PSA), que permitan sostener económicamente la conservación de distintos ecosistemas, volvió esta semana al centro de la discusión mundial, a partir del planteo del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, de la necesidad de un “debate global urgente”.
Entrevistado por un medio brasileño, Basterra afirmó que “es momento de discutir quién se hace cargo del componente económico de los servicios ambientales que benefician a todo el planeta y que no pueden preservarse en detrimento del desarrollo de las naciones que más lo necesitan”.
Los PSA son “instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo”, explica el Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor).
En algunos casos, los pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular (por ejemplo, plantar árboles con fines de secuestro de carbono), amplía el Cifor.
Los servicios más comúnmente compensados por los PSA son la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad, los servicios hídricos y la belleza escénica, detalló en un trabajo José Gobbi, de la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Los principales efectos ambientales de su implementación, agrega Gobbi, han sido la recuperación de áreas degradadas, la recuperación de cobertura forestal y la reducción de la deforestación.
A medida que los ambientes naturales son degradados y transformados, los servicios ambientales provistos en forma gratuita por la naturaleza comienzan a ser progresivamente escasos, completó.
“Para ir hacia un mundo equitativo, es necesario llevar adelante un debate serio y profundo acerca de cómo se va a sostener económicamente la conservación de ecosistemas como la Amazonia o el Gran Chaco Americano”, aseguró Basterra.
Para el titular de la cartera agropecuaria, “si esta discusión queda fuera de la agenda global, el confort de los países industrializados se pagará con trabas comerciales al desarrollo”.
En este sentido, el funcionario explicó que “producir cuidando el capital natural es una premisa que no puede negociarse, y uno de los aspectos fundamentales de esta problemática tiene que ver con la determinación del valor y el pago de los servicios ecosistémicos que benefician al conjunto de la humanidad”.
Para el Centro de Economía Internacional (CIE) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, surgieron como “una herramienta para que los agentes económicos tengan en cuenta, en la toma de decisiones, el valor que poseen los servicios ambientales”.
Sin embargo, aclaró el organismo de Cancillería, “el objetivo legítimo de cuidar el ambiente podría llegar a ser utilizado, en algunos países desarrollados, como una forma de encubrir o legitimar sus subsidios agrícolas distorsivos”.
En ese sentido, Basterra criticó ciertas políticas de los países industrializados que son compradores de las exportaciones de materias primas originadas en América latina: “No nos pueden trabar a nosotros el ingreso a los mercados aduciendo aspectos ambientales, cuando sus pasivos en esa materia son realmente monstruosos comparados con los nuestros”.
“Los países que, a lo largo de los dos siglos y medio que siguieron a la Revolución Industrial, han tomado a nuestras naciones como proveedoras de materias primas, han acumulado bienestar y siguen siendo los principales emisores de gases que contribuyen al calentamiento global; las siete principales naciones emisoras -todas en el Hemisferio Norte- nos piden que cumplamos los estándares ambientales que ellos no han cumplido durante 250 años”, completó Basterra. Fuente: Telam.
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