Los ingenieros agrónomos argentinos salieron al cruce de la intención de modificar la Ley de Bosques (26.331) que manifestó el Ministerio de Medioambiente de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, y plantearon que antes de impulsar cambios el Estado debiera garantizar su cumplimiento, ya que nunca lo hizo desde la sanción en 2007, al menos en cuanto a la constitución y reparto entre las provincia del fondo de conservación. También observaron algunas cuestiones técnicas del proyecto, como la eliminación de la Categoría III (áreas verdes en el mapa de zonificación); la necesidad de definir con claridad qué es y qué no un bosque, sobre todo para distinguirlos de -por ejemplo- los pastizales; y contemplar, además de la ambiental, la sustentabilidad económica y social.
La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) difundió hoy un extenso documento en el que detalla varias observaciones a la iniciativa de la cartera ambiental. Su presidente Octavio Pérez Pardo explicó a Campolitoral que tomaron conocimiento por medio de las provincias a las que el ente nacional hizo llegar la propuesta a modo de sondeo. “Hay un documento que ha circulado por los ministerios de la producción de las provincias”, dijo, y explicó que los colegios de profesionales que tienen Comisión de Bosques (Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán) fueron convocados a dar su parecer. “Y eso motivó que la Federación tome nota; se armó un equipo técnico de trabajo y se analizó la propuesta, por lo que se resolvió hacer esta presentación”. Aunque por ahora no hay tratamiento parlamentario, “probablemente esté en agenda política en el corto plazo, desconocemos los tiempos” aclaró.
El trabajo de FADIA remarca la importancia de preservar los bosques argentinos, pero señalan algunos aspectos que “generan preocupación y que deberían incorporarse como modificaciones a la presente Ley”. El primero es la definición de “sostenibilidad”, que debiera “enunciarse claramente” en tres planos: ecológicos, económicos y sociales.
Por otra parte, más sobre el fondo de la cuestión, demandan una “definición y rol del bosque”, que actualmente no contempla la normativa. “Nosotros proponemos que ese término sea reemplazado por términos más modernos, como ‘ecosistemas nativos’ o ‘vegetación nativa’, que son más ‘incluyentes’, y que le dan el mismo valor ecológico tanto al ‘bosque’ como al ‘pastizal’”. Producto de “ambigüedades y algunas inconsistencias técnicas”, dicen, la Ley produjo un abuso de los términos “bosque nativo”, haciéndolo sinónimo de “ecosistema”, lo que consideran un “aspecto muy alejado de la realidad” que dificultó la aplicación de la ley “y que no está contemplada en el proyecto que lo reemplazaría”.
Además plantean la necesidad de unificar criterios e indicadores para enmarcar el bien que se desea proteger, por ejemplo “cuáles son los criterios e indicadores para medir su estado para su uso potencial o su conservación”. Actualmente, subrayan, no se dispone de una terminología común a todos los bosques nativos presentes en las provincias, y esto es clave y punto de partida para enmarcar la actual o la posible reforma de la Ley.
Lo medular del planteo, sin embargo, radica en las categorías de conservación y re-zonificación “a nivel predial”, directamente condicionado por la “escala cartográfica” con la que se los expresa. Los agrónomos advierten que se enfocan “ecosistemas nativos” que no siempre son “bosques”. Y agregan: “Entendemos que conservar no implica que el recurso debe ser intangible e intocable, “conservar” implica manejar al recurso de forma sostenible”. Al respecto señalan: “A medida que nos ‘acercamos’ al suelo, la definición de ‘ecosistema’ y ‘vegetación nativa’ implica agregar también a la definición de esta última las especies vegetales más frecuentes, que pueden facilitar enormemente su identificación en el terreno y su estado actual, una propiedad clave para definir sus requerimientos de uso, manejo, restauración, conservación, etc.”
A su vez, mencionan que el proyecto de reforma de la ley, pretende la eliminación de la Categoría III (Zona Verde), aquellas que pueden ‘transformarse’ con destino agrícola, pero utilizando técnicas de conservación que resguarden la integridad de los recursos naturales presentes (suelo, agua, aire, flora y fauna). “Su eliminación a priori rozaría con el principio de propiedad privada, en el cual los productores no quedan en iguales condiciones ante las actividades productivas que puedan realizar”, advierten.
Por último FADIA hace foco en el sistema de compensaciones a través del “Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos”, que se constituye por un 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios agropecuarios. “La realidad marca que estos recursos nunca llegaron a las provincias, y el Gobierno Nacional nunca conformó en el Presupuesto Nacional por año más del 10% de lo que legalmente lo debía constituir. Tal es así que las provincias logran más beneficios desarrollando técnicas de manejo agronómicas adecuadas, que el posible beneficio que pueda recibir como compensación por conservar, restaurar o manejar”.
Por lo tanto, la entidad considera que antes de modificar la Ley de Bosques, “el desafío es empezar a cumplirla”, consensuando en el reglamento sobre los puntos señalados en la nota. Hoy el debate no es discutir la importancia de los montes, pastizales y los ecosistemas nativos en la República Argentina, el desafío es dar el paso siguiente que sea superador, basado en cumplir los compromisos asumidos en la presente ley y actualizar la reglamentación de la misma basado en sólidos conocimientos científico tecnológicos de los ecosistemas nativos”. Fuente: Campo Litoral.
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