Alberto Morelli, presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), escribió una nota de opinión para el Diario La Nación en la que explicó que desde la fundación de Maizar, “percibimos el creciente interés mundial por las energías renovables y amigables con el ambiente, y comenzamos a encarar acciones para el desarrollo de la industria de bioetanol en la Argentina.”.
“Estábamos convencidos de que las inversiones en nuevas plantas de bioetanol en el interior del país, y los desarrollos tecnológicos asociados, generarían efectos positivos sobre las comunidades donde se localizaran, ya que, entre otros, se favorecería la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, y se valorizaría la producción de maíz, sobre todo en regiones alejadas de los puertos. Y no nos equivocamos”, sostiene.
En ese sentido, manifiesta que en septiembre de 2004 contrataron al licenciado Gustavo Vergagni y publicaron el trabajo de investigación: “La industria del etanol a partir de maíz: ¿es factible su desarrollo en Argentina?”. Al año siguiente, invitaron a disertar a Robin Guyer, director de una compañía de bioetanol de maíz establecida en Illinois, propiedad de una asociación de productores agropecuarios. “Su relato fue un ejemplo de los beneficios que pudo alcanzar una comunidad rural decidida a enfrentar el problema de su extinción, por el abandono de los jóvenes, que emigraban a las ciudades en busca de mejores oportunidades”, agrega.
Posteriormente, en 2006, participaron en el diseño y posterior aprobación de la Ley de Biocombustibles (26.093) que permitió que esta industria comenzara a desarrollarse en el país. “Para alcanzar los objetivos deseados, se implementó un régimen de promoción de la actividad mediante incentivos orientados a pequeños y medianos proyectos capaces de abastecer el mercado doméstico. El propósito era desarrollar a este tipo de empresas, incentivar la inclusión de productores agropecuarios y propiciar el crecimiento de las economías regionales. Bajo este marco regulatorio, se construyeron 54 plantas de biocombustible en diez provincias del país, que capturaron casi 3000 millones de dólares de inversiones, considerando plantas de bioetanol, biodiésel y facilidades para el mejor aprovechamiento de subproductos. Además, evitaron importaciones de combustibles por más de 10.000 millones de dólares y generaron más de 60.000 puestos de trabajo, al tiempo que potenciaron a otras industrias y servicios regionales”, sostiene.
Por ese motivo, indica que los biocombustibles constituyen una política de Estado desde hace casi 15 años. “Su historia es breve pero los beneficios son extensos, más allá de su impacto en la sustitución de importaciones y en la generación de empleo”, enfatiza. Asimismo, resalta: “Los biocombustibles permiten la industrialización de la producción primaria en origen, aportando al desarrollo regional; contribuyen a diversificar la matriz energética nacional; y favorecen la sostenibilidad ambiental, ya que, en promedio, permiten más de un 70% de reducción de emisiones de dióxido de carbono en relación a sus equivalentes fósiles”,
No obstante, puntualiza, pese a los grandes esfuerzos e inversiones realizadas, el futuro de los biocombustibles aún es muy incierto: el régimen de promoción vence en mayo de 2021, y la industria podría quedar “totalmente desregulada”. Según Morelli, si bien el Poder Ejecutivo está facultado para extender su vigencia hasta diciembre de 2024 mediante un simple decreto, los integrantes de la cadena de valor de biocombustibles, nucleados en la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas, consideran que, dada la relevancia de la industria, sería mejor que el Congreso sancione una nueva ley. “Este camino permitiría, entre otras cosas, ir hacia mayores porcentajes mínimos de corte, que hoy son del 12% para el bioetanol y del 10% para el biodiésel”, evalua. Fuente: La Nación.
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